martes, 29 de septiembre de 2009

Plantean ley que proteja a las víctimas de delitos

Isabel Miranda de Wallace informó que en los próximos días le propondrá al Congreso de la Unión que conciba una ley federal que proteja a las víctimas de delitos, en especial a las relacionadas con secuestros

Isabel Miranda de Wallace informó que en los próximos días le propondrá al Congreso de la Unión que conciba una ley federal que proteja a las víctimas de delitos, en especial a las relacionadas con secuestros.
La finalidad, dijo, es garantizar la reparación del daño, atención médica y sicológica, así como algunas medidas para que, en algunos casos, también se les libere del pago de impuestos.

El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa, en la que celebró la captura y extradición de Brenda Quevedo Cruz, quien presuntamente participó en el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de 2005, y a quien le hizo un llamado para que “si le queda un rastro de humanidad” le diga en donde dejaron el cadáver de su familiar.
Exención de impuestos
La ahora activista y dirigente de la asociación Alto al Secuestro consideró necesaria la implementación de una nueva ley que apoye a las víctimas de los delitos, así como a sus familiares, porque actualmente es insuficiente la ayuda que reciben tanto de las autoridades estatales como federales.
Dijo que se le presentará a los legisladores una propuesta ciudadana en la que, entre otras medidas, considera que las viudas de víctimas no se queden sin una pensión, que las personas secuestradas no pierdan su trabajo y, en algunos casos, cuando sea necesario, que no tengan que seguir pagando impuestos.

“En México —dijo— es indispensable esta ley, porque no se reconocen los derechos de las víctimas, no dan asesoría ni atención sicológica; si la víctima muere en cautiverio, los hijos quedan desamparados y, por otro lado, el gobierno exige que se le sigan pagando impuestos; es una situación despiadada”.

Miranda de Wallace aseguró que su propuesta de ley incluye la reparación del daño y ayudas económicas del gobierno, sobre todo para familiares de víctimas que son asesinadas. México, D.F.

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