Solicitan delimitar las garantías y riesgos de los comunicadores y la ampliación de las facultades de la Procuraduría para atraer delitos contra la prensa
Varios sindicatos de periodistas mexicanos se concentraron hoy frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir acciones contra la ola de violencia que ha dejado nueve reporteros asesinados este año y más de medio centenar en la actual década.
La protesta fue protagonizada por el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y las asociaciones de trabajadores de los diarios La Jornada y El Sol de Puebla, de las revistas Zócalo y Contralínea, y de la agencia de noticias Notimex.
También acudieron miembros de la Federación Internacional de la Periodistas (FIP) y de Reporteras Sin Fronteras (RSF) .
En el acto, Rogaciano Méndez, dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, reprobó la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006.
El sindicalista lamentó que en ocasiones las investigaciones pierdan fuerza o se diluyan por la no delimitación adecuada de competencias e investigación entre los diferentes órdenes policiales.
Por ello, los manifestantes pidieron en un documento que entregaron a la Fiscalía una reforma de la Ley del Trabajo que delimite las garantías y riesgos de los comunicadores y la ampliación de las facultades de la PGR para atraer delitos cometidos contra la prensa.
"Los periodistas y medios de comunicación testigos de esta guerra se han convertido en uno de los blancos del crimen organizado, pero también de las fuerzas federales que lo combaten en distintas partes del país" , indica el documento.
Méndez abogó por la federalización de delitos contra reporteros y por fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas, a la cual, según el texto, "se debe dotar de medios de investigación y poder jurídico amplio" .
Los informadores reseñaron la muerte de nueve periodistas durante 2009, el último de los cuales, Norberto Miranda, fue abatido en plena redacción del medio en el que trabajaba por presuntos sicarios del crimen organizado el pasado 23 de septiembre en la localidad de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, en el norte de México.
De acuerdo con el enlace con los medios de la fiscalía especial, Ethel Riquelme, que atendió a los periodistas en la puerta de la PGR, de las nueve muertes de las que hablan los informadores, dos no corresponden a comunicadores y dos más están siendo investigadas para ver si existe relación con el crimen organizado.
Riquelme reconoció que la institución a la que representa solo investiga el 20 por ciento de los casos de reporteros asesinados en el país, debido al marco legal vigente, y advirtió, además, que muchos periodistas no denuncian las amenazas en su contra por miedo a represalias.
Reporteros Sin Fronteras, al igual que otras organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, denunció en los últimos días el asesinato de Miranda y apuntó al cártel de Juárez como posible responsable del crimen.
Con esa muerte, según RSF, son ya 55 los periodistas asesinados en México desde el año 2000 en relación comprobada o probable con su actividad profesional. México, D.F.
La protesta fue protagonizada por el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y las asociaciones de trabajadores de los diarios La Jornada y El Sol de Puebla, de las revistas Zócalo y Contralínea, y de la agencia de noticias Notimex.
También acudieron miembros de la Federación Internacional de la Periodistas (FIP) y de Reporteras Sin Fronteras (RSF) .
En el acto, Rogaciano Méndez, dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, reprobó la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006.
El sindicalista lamentó que en ocasiones las investigaciones pierdan fuerza o se diluyan por la no delimitación adecuada de competencias e investigación entre los diferentes órdenes policiales.
Por ello, los manifestantes pidieron en un documento que entregaron a la Fiscalía una reforma de la Ley del Trabajo que delimite las garantías y riesgos de los comunicadores y la ampliación de las facultades de la PGR para atraer delitos cometidos contra la prensa.
"Los periodistas y medios de comunicación testigos de esta guerra se han convertido en uno de los blancos del crimen organizado, pero también de las fuerzas federales que lo combaten en distintas partes del país" , indica el documento.
Méndez abogó por la federalización de delitos contra reporteros y por fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas, a la cual, según el texto, "se debe dotar de medios de investigación y poder jurídico amplio" .
Los informadores reseñaron la muerte de nueve periodistas durante 2009, el último de los cuales, Norberto Miranda, fue abatido en plena redacción del medio en el que trabajaba por presuntos sicarios del crimen organizado el pasado 23 de septiembre en la localidad de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, en el norte de México.
De acuerdo con el enlace con los medios de la fiscalía especial, Ethel Riquelme, que atendió a los periodistas en la puerta de la PGR, de las nueve muertes de las que hablan los informadores, dos no corresponden a comunicadores y dos más están siendo investigadas para ver si existe relación con el crimen organizado.
Riquelme reconoció que la institución a la que representa solo investiga el 20 por ciento de los casos de reporteros asesinados en el país, debido al marco legal vigente, y advirtió, además, que muchos periodistas no denuncian las amenazas en su contra por miedo a represalias.
Reporteros Sin Fronteras, al igual que otras organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, denunció en los últimos días el asesinato de Miranda y apuntó al cártel de Juárez como posible responsable del crimen.
Con esa muerte, según RSF, son ya 55 los periodistas asesinados en México desde el año 2000 en relación comprobada o probable con su actividad profesional. México, D.F.
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