viernes, 21 de agosto de 2009

Tomará años abatir al crimen: analistas

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito hace un año, aún no ha presentado avances considerables porque se trata de un paquete de reformas a largo plazo, que mostrarán resultados en cinco, 10 o 15 años a partir de su formulación, señalaron especialistas en materia de seguridad.
Durante un panel sobre aciertos y errores del acuerdo, en las instalaciones de EL UNIVERSAL, Ana María Salazar Slack, analista política, consideró que los frutos del pacto se verán a largo plazo. “No sabemos aún si lo que se hace es correcto”, dijo.
“Lo que es inexplicable e inaceptable es que los índices de secuestro hayan crecido de un año para acá”, señaló la especialista en seguridad, quien consideró que en un futuro “no habrá cambios sustantivos en materia de justicia y legalidad hasta que haya coordinación entre los cuerpos policiacos.
Para el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, “el Estado no puede ser otro en uno o dos años. Puede, en cambio, ser otro en cinco, 10 o 15 años. El acuerdo aceleró procesos de reforma institucional”.
El director de Opinión de esta casa editorial, Ricardo Raphael, moderador del panel, reforzó esta idea al decir que si se toma al acuerdo como un paquete de iniciativas a largo plazo, “se trata de reformas que germinarán con el tiempo”.
En cambio, el acuerdo nacional también puede ser visto como un pacto político para conciliar a diferentes órganos de gobierno y lograr su coordinación, consideró María Elena Morera, quien durante la firma del acuerdo fue presidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia.
“El Acuerdo fue político, pues fue hecho para reunir las voluntades de diferentes actores”, señaló Morera.
Laura Elena Herrejón, impulsora de la marcha Iluminemos México que se desarrolló el 30 de agosto de 2008, aseguró que el acuerdo nacional no es tal, pues se trató de una imposición “donde intervino el Poder Judicial y el Congreso de la Unión sin antes ser consultados para su inclusión”. México, D.F./Mario Andrés Landeros (El Universal)

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