Se trata de Iván Reyes Méndez y Armando Portales Núñez, quienes están comisionados en el área de Justicia Familiar al mando del detective Pedro Vargas Vázquez
La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE)investiga a otros dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que extorsionaron con 20 mil pesos a un menor y tres adultos que fueron denunciados de violar a dos adolescentes.
Se trata de Iván Reyes Méndez y Armando Portales Núñez, quienes están comisionados en el área de Justicia Familiar al mando del detective Pedro Vargas Vázquez.
De acuerdo a la acusación que recibió el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, fue el 21 de septiembre cuando los investigadores incurrieron en el ilícito.
La acción de los servidores públicos fue denunciada por María Esther Rosas Navarrete, madre del menor involucrado en los hechos.
Ella los delató después de que le exigieron cinco mil pesos a cambio de la libertad y conclusión de denuncia en contra de su hijo Gustavo.
La mujer precisó que fue el 21 de septiembre cuando los ministeriales se presentaron en su domicilio ubicado en la colonia Mariano Escobedo y detuvieron en flagrancia a su hijo.
Dijo que ese día también capturaron a tres adultos amigos de su hijo Gustavo.
Denunció que a todos los llevaron a las instalaciones de la AEI y les informaron que enfrentaban una denuncia presentada por dos jovencitas, una de 12 y otra de 16 años de edad.
La ama de casa manifestó que los investigadores les comunicaron que las menores los señalaban como presuntos culpables de la violación de la que habían sido víctimas durante una reunión que se realizó en su casa el 20 de septiembre.
Detalló que después de ponerlos al tanto de los motivos de la detención, les exigieron cinco mil pesos a cada uno a cambio de su libertad y de la desaparición de la denuncia que enfrentaban.
Rosas Navarrete manifestó que después de recibir el dinero, Portales y su compañero le pidieron a su hijo que se presentara a comparecer el 23 de septiembre, cuando ya no podían detenerlo porque no había flagrancia.
Indicó que ese día, antes de comparecer le dieron un documento con lo que debía decir en la fiscalía.
Pero, al concluir la diligencia le informaron que la investigación seguía abierta y podían volver a citarlo.
Agregó que esa situación le molestó por la acción de los ministeriales que les exigieron el pago a base de mentiras y los denunció. Monterrey, NL
Se trata de Iván Reyes Méndez y Armando Portales Núñez, quienes están comisionados en el área de Justicia Familiar al mando del detective Pedro Vargas Vázquez.
De acuerdo a la acusación que recibió el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, fue el 21 de septiembre cuando los investigadores incurrieron en el ilícito.
La acción de los servidores públicos fue denunciada por María Esther Rosas Navarrete, madre del menor involucrado en los hechos.
Ella los delató después de que le exigieron cinco mil pesos a cambio de la libertad y conclusión de denuncia en contra de su hijo Gustavo.
La mujer precisó que fue el 21 de septiembre cuando los ministeriales se presentaron en su domicilio ubicado en la colonia Mariano Escobedo y detuvieron en flagrancia a su hijo.
Dijo que ese día también capturaron a tres adultos amigos de su hijo Gustavo.
Denunció que a todos los llevaron a las instalaciones de la AEI y les informaron que enfrentaban una denuncia presentada por dos jovencitas, una de 12 y otra de 16 años de edad.
La ama de casa manifestó que los investigadores les comunicaron que las menores los señalaban como presuntos culpables de la violación de la que habían sido víctimas durante una reunión que se realizó en su casa el 20 de septiembre.
Detalló que después de ponerlos al tanto de los motivos de la detención, les exigieron cinco mil pesos a cada uno a cambio de su libertad y de la desaparición de la denuncia que enfrentaban.
Rosas Navarrete manifestó que después de recibir el dinero, Portales y su compañero le pidieron a su hijo que se presentara a comparecer el 23 de septiembre, cuando ya no podían detenerlo porque no había flagrancia.
Indicó que ese día, antes de comparecer le dieron un documento con lo que debía decir en la fiscalía.
Pero, al concluir la diligencia le informaron que la investigación seguía abierta y podían volver a citarlo.
Agregó que esa situación le molestó por la acción de los ministeriales que les exigieron el pago a base de mentiras y los denunció. Monterrey, NL
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