viernes, 30 de octubre de 2009

Castración química a los violadores en el DF.

Por: Edmundo Olivares Alcalá

Antes de aprobar reformas al código penal para establecer la castración química como castigo a violadores y pederastas, es necesario revisar a fondo la experiencia en otros países y sobre todo las consecuencias colaterales que generan el tipo de químicos que se utilizan para este procedimiento.

El diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Juan Carlos Zárraga Sarmiento, retomó esta propuestas hecha por la legislatura anterior, y al respeto abundó que en primer término habrá que revisar quién va a aportar estas substancias químicas a nuestro país, y quién va a verificar que sean substancias químicas seguras para su uso.

“Lo primero que hay que tener claro, en caso de que se vaya a aprobar en el código penal la castración química, es que las sustancias que lleguen al país sean verificadas y certificadas por un organismo realmente calificado, para que no nos vayan a salir que estas sustancias aparte de castrar químicamente a una persona, le puedan causar la muerte, ese es riesgo”, destacó el panista.

En el 2007 el diputado local del PRI, Tonatiuh González, impulsó una iniciativa de reformas al Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud de la ciudad para someter a castración química a violadores y pederastas para inhibir y frenar el abuso sexual contra mujeres y menores; sin embargo, no prosperó y ahora el también priísta Israel Betanzos Cortés pretende retomar este tema en la V Legislatura de la ALDF.

“El otro asunto que habrá de revisar es si esto resuelve el problema y para ello tendremos que revisar las experiencias internacionales como Estados Unidos, Italia y Francia, sobre todo si este tipo de medidas en una sociedad como la mexicana tienen el impacto de inhibir las conductas violentas de estos delincuentes”, explicó Zárraga.

Más allá de los costos del producto químico debe considerarse la integridad de la persona humana, pues independientemente de que sea un presunto delincuente, tiene derechos y no se puede atentar contra su dignidad. “No es que los esté defendiendo, si cometes un delito hay que pagar por el mismo, pero con una pena justa”.

Otro riesgo es que este proceso irreversible pueda aplicarse a una persona que logre comprobar su inocencia, “primero está la dignidad de la persona humana y después todo lo que venga”, concluyó el legislador del PAN.

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