Por: Gabriel Castillo
Eduardo Máximo Miranda Figueroa, quien fungía como auxiliar del Ministerio Público y María Guadalupe Martínez Ponce, quien ocupaba el cargo de agente del Ministerio Público en la coordinación de Delitos Patrimoniales, ambos en la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, fueron detenidos por las autoridades judiciales de Costa Rica con fines de extradición a México donde se les instruye proceso por los delitos de peculado, abandono del servicio y retardo de la justicia.
Tras iniciarse una investigación en contra de los dos, se descubrió que retardaban las órdenes de aprehensión para evitar la captura de los involucrados en delitos del fuero común, además de disponer de dinero que les entregaban como fianzas para su uso personal.
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