Intercederán para que sean recibidos por autoridades de la PGR, con el fin de exponer sus inconformidades
Senadores y diputados federales integrantes de la Comisión Permanente aceptaron interceder por abogados de los detenidos en el "Operativo Michoacán", para que sean recibidos por autoridades de la PGR, con el fin de exponer sus inconformidades.
Una comisión de abogados de alcaldes y funcionarios arraigados en Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico acudió al Senado, donde despacha la Comisión Permanente, para exigir la intervención del Legislativo con el fin de que se les permita entrevistarse con el titular de la PGR , Eduardo Medina Mora.
Angela Durán Hernández, Ismael Jiménez Nambo, José Luis Contreras y Juan Rivero Legarreta, se identificaron como representantes legales de los detenidos en Michoacán, así como once abogados más de igual número de municipios, y también pidieron en privado que el Congreso integre una comisión especial que dé seguimiento al caso, lo cual fue rechazado informó el diputado federal del PAN, Fidel Antuña Batista.
En entrevista, Antuña Batista detalló que los abogados también pidieron su apoyo para reunirse con ministros de la Corte para analizar cada expediente, lo cual se negó.
Los abogados, recibidos por el senador de PRI Adolfo Toledo Infanzón y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, lograron que los legisladores intercedan para pedir a la PGR que los reciba y escuche sus demandas.
Buscan tener acceso así a los expedientes para saber de qué se les acusa, y que a la brevedad se les desahoguen las pruebas. La petición será resulta la próxima semana, para lo cual se volverán a reunir.
Al encuentro llevado a cabo el miércoles acudieron representantes legales de municipios de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Apatzingán, Tepalcatepec, Buena Vista, Aquila, Coahuayana, Zitácuaro, Uruapan y Tumbocatío.
Jorge Torres, de Lázaro Cárdenas, dijo en la reunión privada que se violentaron sus derechos y solicitó que se restituya el Estado de Derecho, mientras que Carlos Ramos, de Aquila, dijo que se violó la soberanía del Estado pues los policías nunca se identificaron.
Juan Landa, de Arteaga, denunció que tras el operativo se viven "horas de temor y de angustia", mientras que Francisco Buenrostro, de Tepalcatepec, recordó que por el momento no hay autoridad municipal. Ricardo Gómez y Jorge Ramos. México, D.F. (El Universal)
jueves, 4 de junio de 2009
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