El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez, señala que la institución castrense pone en riesgo el prestigio que guarda ante la población
El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, se pronunció en contra de la intervención del Ejército Mexicano en el Distrito Federal para combatir el narcomenudeo o cualquier otro delito, pues aseguró que la institución castrense pone en riesgo el prestigio que guarda ante la población.
"Nosotros vemos con riesgo el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública porque los militares no están entrenados para ser agentes de seguridad pública. El solo paradigma del uso de la fuerza es distinto, un militar está entrenado en el paradigma del uso extremo de la fuerza y un policía en el paradigma del uso proporcional de la fuerza",expresó.
Después de la inauguración del seminario "Sociología del Crimen Organizado, Derechos Humanos y Sociedad Civil", organizado por investigadores en seguridad pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Comisión de derechos Humanos del DF (CDHDF), Álvarez Icaza detalló que existen tres agendas: la de seguridad nacional, la de seguridad pública y la de seguridad ciudadana.
Manifestó que es conveniente que cada una de las esferas tenga sus actores y sus propias dinámicas.
"El Ejército es una institución que reconocemos y en la que confiamos, pero es indispensable que se mantenga en su ámbito de competencia. Por eso, yo he dicho que espero que las intervenciones del Ejército en la ciudad, sean estrictamente excepcionales y que no sean los operativos de los últimos días la manera en que nos quieran avisar que el Ejército llegó para quedarse en la ciudad, eso me parecería extraordinariamente delicado y peligroso", comentó el ombudsman.
Ante aquellas voces que se pronuncian en favor del uso del Ejército en la ciudad, dijo que corresponde a las instituciones civiles de procuración de justicia y seguridad pública desempeñar su mandato constitucional.
Recordó que en los 10 ó 15 años ha habido diferentes propuestas como la PFP, la AFI y ahora la PF, mismas que tienen que ser revisadas y aclaradas.
Recalcó que el Ejército tiene que ser preservado, pues un uso indebido, puede ser muy costoso en términos de su imagen.
En su intervención durante el seminario, criticó el uso de la pena de muerte como una oferta política cuando en 2005 se abolió y en 2006 y 2007 se mandaron las adhesiones de México a la ONU y a la OEA.
En el seminario participaron especialistas del CIDE, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y del Programa de Estudios de Seguridad pública y Estado de Derecho (PESED) como Elena Azaola, Juan Salgado, Gustavo Fondevila, Jorge Chabat, Georgina Sánchez, entre otros; así como especialistas de otras universidades y organizaciones como Nery Córdova de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ernesto López Portillo del INSYDE, Corina Giacomelo de la Universidad del Claustro de Sor Juana. México, D.F./Fernando Martínez (El Universal)
martes, 30 de junio de 2009
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