Por: Edmundo Olivares Alcalá
Frente a los graves índices de inseguridad que hay en Ciudad Juárez, Chihuahua, el senador del PRD, José Luis Máximo García Zalvidea, propondrá que el Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión un decreto para suspender las garantías en esa región del país, como medida urgente para restablecer el orden público.
En un punto de acuerdo que impulsará el legislador por Quintana Roo, explica que Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo, por encima de otras como San Pedro Sula, Honduras; Caracas, Venezuela; Ciudad de Guatemala, Guatemala, o Medellín, Colombia.
“A la enorme violencia que hay contra las mujeres en esa ciudad fronteriza, ahora se le suma la creciente ola de asaltos, amenazas, extorsiones y secuestros, que tienen aterrorizada a la sociedad juarense”, afirmó.
García Zalvidea dijo que, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2009 Ciudad Juárez fue el territorio con más ejecuciones en el mundo, al ocurrir 191 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Expuso que en esta guerra que el gobierno ha declarado a las bandas del crimen organizado, “Ciudad Juárez se ha convertido en el paradigma de la violencia brutal y desatada a causa de la pelea por la plaza entre los cárteles que se disputan el control de las rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”.
El senador del PRD también reveló que durante el 2009 “organizaciones no gubernamentales señalaron que dos mil 635 personas fueron víctimas de homicidios dolos. Ello significa que en promedio se mata a siete personas por día, es decir, cada tres horas hay un asesinato”.
Todo este panorama, agregó, indica que Ciudad Juárez “es más violento que Bagdad, ya que aquella ciudad del Medio Oriente tiene una tasa de 132 homicidios por cada 100 mil habitantes”.
José Luis García Zalvidea afirmó que la reciente ejecución de jóvenes estudiantes en el norte del país “evidencia la incapacidad institucional de los tres niveles de gobierno para afrontar al crimen organizado”.
Por ello, insistió en su que es necesario “reflexionar sobre una posible suspensión de garantías que permita afrontar con urgencia la causa grave de perturbación pública y lograr rápidamente es restablecimiento del orden social y la paz pública”.
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