La guerra contra el narco detonó los crímenes contra periodistas
En el puerto mexicano de Veracruz, un día de mayo de 2007, desconocidos colocaron en la vía pública una cabeza humana junto con un mensaje dirigido a uno de los columnistas del popular periódico local Notiver. El mensaje era claro: “Este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas”.
Dos años y medio después, apareció el cadáver del periodista radiofónico José Emilio González Galindo, director de la emisora Radio Universidad de Guadalajara. El especialista en temas de ecología fue el comunicador número 14 asesinado este año en México y el 65 durante la primera década del siglo XXI en el país.
A ellos se agregan ocho desaparecidos desde enero de 2000 hasta la fecha. Es un decenio caracterizado por constantes amagos a la prensa y a trabajadores de los medios de comunicación, lo que llevó a organizaciones internacionales de derechos humanos a considerar el ejercicio del periodismo como la profesión más peligrosa en México, mientras que la mayoría de los crímenes está sin resolver.
La década de violencia contra los periodistas caracteriza al llamado “gobierno del cambio”, iniciado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), tras siete décadas de hegemonía política ejercida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y seguido por su correligionario Felipe Calderón Hinojosa.
El cuerpo de González Galindo, quien trabajó en diferentes medios electrónicos y de prensa escrita, y fue el ganador de la Segunda Bienal Latinoamérica de la Radio con el reportaje Trilogía: crímenes políticos en México, se encontró amordazado y amarrado de manos y pies en la recámara de su casa en Zapotlán el Grande.
Las locutoras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes dirigían la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, también fueron asesinadas el 7 de abril de 2008 en la zona trique del estado de Oaxaca, donde denunciaban abusos contra los indígenas, principalmente mujeres, por caciques de la región.
Dos meses antes, en febrero de 2008, la organización internacional Article 19, organismo de defensa a la prensa con sede en Londres, había advertido ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “las autoridades mexicanas pretenden afirmar que los ataques en contra de periodistas son únicamente un problema de seguridad pública y no una flagrante violación a la libertad de expresión”.
Entidades involucradas
De acuerdo con datos recopilados por EL UNIVERSAL, los estados de Chihuahua con 10 asesinatos y Tamaulipas con ocho encabezan la lista de violencia contra trabajadores de medios de comunicación, seguidos de Oaxaca con siete, Veracruz (seis y un desaparecido), Guerrero (seis), y Durango (cinco).
Las otras entidades involucradas en la muerte de comunicadores son Michoacán (cinco con 3 desaparecidos), México (tres), Sonora (dos y un desaparecido), Distrito Federal (dos), Sinaloa (dos), Jalisco (2), Baja California (uno), Coahuila (uno y un desaparecido), Chiapas (uno), Colima (uno), Tabasco (uno y un desaparecido), además de dos desaparecidos en Nuevo León.
El año más crítico
El que está por terminar resultó el año más violento de la década para los periodistas mexicanos con 13 asesinatos y una desaparición, la de María Esther Aguilar Camcinden, de 32 años, del Diario de Zamora, Michoacán, para el que cubría desde hace cuatro años la información policial y quien fue levantada (secuestrada) el pasado 11 de noviembre.
Un comunicado de la organización Reporteros sin Fronteras indicó que “como especialista de nota roja la periodista corría importantes riesgos” en una de las “más peligrosas regiones del país” y en donde el gobierno de Calderón instrumentó la primera ofensiva federal contra el narcotráfico en diciembre de 2006, días después de asumir la Presidencia.
El secuestro de Aguilar Camcinden se produjo poco después de que publicó un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, quien luego fue destituido del cargo.
Este caso se repite en muchos de los comunicadores asesinados o desaparecidos en el país, en su mayoría expertos en la nota policiaca.
Enfrentan también llamadas telefónicas con amenazas para impedirles publicar información, agresiones verbal y física de policías federales, estatales o municipales, despidos, robos y ataques contra sus casas o vehículos, y otras intimidaciones que obligaron a varios a abandonar trabajo y residencia para refugiarse en otro país.
Amenazas constantes
La cifra de crímenes en 2009 superó la de 11 de 2006 cuando se gestó en Oaxaca uno de los más violentos conflictos sociales, que involucró a maestros y a organizaciones populares en nutridos actos de protesta contra el gobierno de ese estado. En una de esas manifestaciones fue muerto a balazos el periodista Bradley Ronald Will, quien cubría la información para la empresa Indymedia de Estados Unidos.
“El periodismo mexicano enfrenta una amenaza constante ante los casos de asesinatos y agresiones”, indicó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al analizar la situación de México durante su 65 asamblea general efectuada a principios de noviembre de este año en Buenos Aires, Argentina.
El informe señaló que las agresiones a los medios de comunicación aumentan en un entorno de impunidad y autocensura del periodismo mexicano que enfrenta una amenaza constante y existen zonas con dificultades para ejercer debido al avance del crimen organizado y a la lucha que libra el gobierno federal contra las bandas delictivas.
En el puerto mexicano de Veracruz, un día de mayo de 2007, desconocidos colocaron en la vía pública una cabeza humana junto con un mensaje dirigido a uno de los columnistas del popular periódico local Notiver. El mensaje era claro: “Este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas”.
Dos años y medio después, apareció el cadáver del periodista radiofónico José Emilio González Galindo, director de la emisora Radio Universidad de Guadalajara. El especialista en temas de ecología fue el comunicador número 14 asesinado este año en México y el 65 durante la primera década del siglo XXI en el país.
A ellos se agregan ocho desaparecidos desde enero de 2000 hasta la fecha. Es un decenio caracterizado por constantes amagos a la prensa y a trabajadores de los medios de comunicación, lo que llevó a organizaciones internacionales de derechos humanos a considerar el ejercicio del periodismo como la profesión más peligrosa en México, mientras que la mayoría de los crímenes está sin resolver.
La década de violencia contra los periodistas caracteriza al llamado “gobierno del cambio”, iniciado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), tras siete décadas de hegemonía política ejercida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y seguido por su correligionario Felipe Calderón Hinojosa.
El cuerpo de González Galindo, quien trabajó en diferentes medios electrónicos y de prensa escrita, y fue el ganador de la Segunda Bienal Latinoamérica de la Radio con el reportaje Trilogía: crímenes políticos en México, se encontró amordazado y amarrado de manos y pies en la recámara de su casa en Zapotlán el Grande.
Las locutoras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes dirigían la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, también fueron asesinadas el 7 de abril de 2008 en la zona trique del estado de Oaxaca, donde denunciaban abusos contra los indígenas, principalmente mujeres, por caciques de la región.
Dos meses antes, en febrero de 2008, la organización internacional Article 19, organismo de defensa a la prensa con sede en Londres, había advertido ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “las autoridades mexicanas pretenden afirmar que los ataques en contra de periodistas son únicamente un problema de seguridad pública y no una flagrante violación a la libertad de expresión”.
Entidades involucradas
De acuerdo con datos recopilados por EL UNIVERSAL, los estados de Chihuahua con 10 asesinatos y Tamaulipas con ocho encabezan la lista de violencia contra trabajadores de medios de comunicación, seguidos de Oaxaca con siete, Veracruz (seis y un desaparecido), Guerrero (seis), y Durango (cinco).
Las otras entidades involucradas en la muerte de comunicadores son Michoacán (cinco con 3 desaparecidos), México (tres), Sonora (dos y un desaparecido), Distrito Federal (dos), Sinaloa (dos), Jalisco (2), Baja California (uno), Coahuila (uno y un desaparecido), Chiapas (uno), Colima (uno), Tabasco (uno y un desaparecido), además de dos desaparecidos en Nuevo León.
El año más crítico
El que está por terminar resultó el año más violento de la década para los periodistas mexicanos con 13 asesinatos y una desaparición, la de María Esther Aguilar Camcinden, de 32 años, del Diario de Zamora, Michoacán, para el que cubría desde hace cuatro años la información policial y quien fue levantada (secuestrada) el pasado 11 de noviembre.
Un comunicado de la organización Reporteros sin Fronteras indicó que “como especialista de nota roja la periodista corría importantes riesgos” en una de las “más peligrosas regiones del país” y en donde el gobierno de Calderón instrumentó la primera ofensiva federal contra el narcotráfico en diciembre de 2006, días después de asumir la Presidencia.
El secuestro de Aguilar Camcinden se produjo poco después de que publicó un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, quien luego fue destituido del cargo.
Este caso se repite en muchos de los comunicadores asesinados o desaparecidos en el país, en su mayoría expertos en la nota policiaca.
Enfrentan también llamadas telefónicas con amenazas para impedirles publicar información, agresiones verbal y física de policías federales, estatales o municipales, despidos, robos y ataques contra sus casas o vehículos, y otras intimidaciones que obligaron a varios a abandonar trabajo y residencia para refugiarse en otro país.
Amenazas constantes
La cifra de crímenes en 2009 superó la de 11 de 2006 cuando se gestó en Oaxaca uno de los más violentos conflictos sociales, que involucró a maestros y a organizaciones populares en nutridos actos de protesta contra el gobierno de ese estado. En una de esas manifestaciones fue muerto a balazos el periodista Bradley Ronald Will, quien cubría la información para la empresa Indymedia de Estados Unidos.
“El periodismo mexicano enfrenta una amenaza constante ante los casos de asesinatos y agresiones”, indicó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al analizar la situación de México durante su 65 asamblea general efectuada a principios de noviembre de este año en Buenos Aires, Argentina.
El informe señaló que las agresiones a los medios de comunicación aumentan en un entorno de impunidad y autocensura del periodismo mexicano que enfrenta una amenaza constante y existen zonas con dificultades para ejercer debido al avance del crimen organizado y a la lucha que libra el gobierno federal contra las bandas delictivas.
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