Por: Edmundo Olivares Alcalá
El Juez Primero de distrito en el estado de Veracruz, dictó auto de formal prisión contra exservidores público y funcionarios del estado de Nuevo León, por los delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Salud en la modalidad de fomento para posibilitar delitos en esa misma naturaleza.
Los indiciados son Mario Martínez Luévano, Rafael Domínguez Sifuentes, Guadalupe Cruz Ramírez, Noé Manuel Blanco Gallego, Erick Iván Moreno Suárez, Raúl Camacho Vigil, José maría Oyervidez Martínez, Eduardo Alejandro Morales Ocañas y Federico Baldemar Treviño Rayas
Estas personas se encuentran relacionadas con la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
La formal prisión se da en el marco de las investigaciones radicadas en la SIEDO, por la relación de estas personas con la organización criminal autodenominada “Los Zetas”, toda vez que se cuenta con información de que valiéndose de su cargo público otorgaban protección a sus integrantes en sus actividades, además de proporcionar información de los operativos que se implementaran en su contra en los municipios en los que estaban asignados.
Mario Martínez Luévano y Erick Iván Moreno Suárez eran elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez; Rafael Domínguez Sifuentes, elementos de la Policía Municipal de Monterrey; Guadalupe Cruz Ramírez, elementos de la Policía Municipal de Lampazos; Raúl Camacho Vigil.
A su vez Noé Manuel Blanco Gallegos elementos de la Policía Municipal de Apodaca; José María Oyervídez Martínez elementos de la Policía Municipal de General Treviño; Eduardo Alejandro Morales Ocañas elementos de la Policía Municipal de Santiago y Federico Baldemar Treviño Rayas elemento de la Policía Municipal de Sabinas, Hidalgo.
De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.
El Juez Primero de distrito en el estado de Veracruz, dictó auto de formal prisión contra exservidores público y funcionarios del estado de Nuevo León, por los delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Salud en la modalidad de fomento para posibilitar delitos en esa misma naturaleza.
Los indiciados son Mario Martínez Luévano, Rafael Domínguez Sifuentes, Guadalupe Cruz Ramírez, Noé Manuel Blanco Gallego, Erick Iván Moreno Suárez, Raúl Camacho Vigil, José maría Oyervidez Martínez, Eduardo Alejandro Morales Ocañas y Federico Baldemar Treviño Rayas
Estas personas se encuentran relacionadas con la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
La formal prisión se da en el marco de las investigaciones radicadas en la SIEDO, por la relación de estas personas con la organización criminal autodenominada “Los Zetas”, toda vez que se cuenta con información de que valiéndose de su cargo público otorgaban protección a sus integrantes en sus actividades, además de proporcionar información de los operativos que se implementaran en su contra en los municipios en los que estaban asignados.
Mario Martínez Luévano y Erick Iván Moreno Suárez eran elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez; Rafael Domínguez Sifuentes, elementos de la Policía Municipal de Monterrey; Guadalupe Cruz Ramírez, elementos de la Policía Municipal de Lampazos; Raúl Camacho Vigil.
A su vez Noé Manuel Blanco Gallegos elementos de la Policía Municipal de Apodaca; José María Oyervídez Martínez elementos de la Policía Municipal de General Treviño; Eduardo Alejandro Morales Ocañas elementos de la Policía Municipal de Santiago y Federico Baldemar Treviño Rayas elemento de la Policía Municipal de Sabinas, Hidalgo.
De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.
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