Por: Francisco Medina
En los últimos dos años las denuncias ciudadanas por extorsión telefónica suman más de 70 mil, lo que representa un crecimiento explosivo de este ilícito que debe detenerse, manifestó el senador Javier Orozco Gómez.
El senador reprochó que actualmente, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades para evitar y detener este ilícito, continúan la extorsión telefónica, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos consistentes en supuestos concursos, prácticas cotidianas en los reclusorios. “Lo alarmante es que ahora se han extendido a las calles de la ciudad de México y el resto del país”.
Al mencionar cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, que indican que al menos 906 bandas de extorsionadores operan en los distintos penales del país, de las cuales 15 de las más peligrosas actúan en penales de la Ciudad de México, el legislador ecologista advirtió que conforme el fenómeno de la extorsión ha crecido en México, las bandas criminales han sofisticado sus formas de operar.
“Ahora, exigen cuotas por venta de protección a empresas, comercios, vendedores ambulantes y profesionistas, lo que constituye ya un grave problema de seguridad para muchos mexicanos”.
Destacó que del 2001 al 2009, el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores superó los 645 millones de pesos, sin embargo, lamentó que únicamente se hace una denuncia ante el ministerio público, de cada 4 mil 500 extorsiones.
El Senador Orozco Gómez, subrayó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Artículo 50 Ter, únicamente autoriza la intervención de comunicaciones privadas, --si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad o secuestro y tráfico de menores-- todos ellos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.
“El agente del ministerio público local no tiene la facultad de solicitar al Juez Federal Penal la autorización para intervenir comunicaciones privadas, en caso de la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de este delito que, en muchas ocasiones, se comete por vía telefónica u otros medios de comunicación privada” reveló.
Derivado de lo anterior, el Senador ecologista indicó que la iniciativa que presentó en Tribuna, pretende establecer como una causal más, para la intervención de comunicaciones privadas, la petición del titular del ministerio público de alguna entidad federativa.
“Las excepciones para no otorgar autorizaciones serían en las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, o administrativo, ni en el caso del detenido con su defensor”, aclaró.
Subrayó que la extorsión, se comete en muchas ocasiones por grupos de delincuencia organizada, es decir, por una organización permanente, con estructura jerárquica respetada y compuesta por individuos disciplinados, que se agrupan para cometer delitos a fin de obtener recursos que, en muchas ocasiones, costean otro tipo de actividades ilícitas.
Finalmente, dijo, proponemos que en el marco de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se tipifique la extorsión cuando tres o más personas se organicen para cometer este delito.
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