Francisco Medina
Propuestas diversas en materia de administración, integración, objetivo y denominación del Fondo Económico para Enfrentar el Delito del Secuestro, fueron planteadas en el marco del Foro Alto al Secuestro, que se lleva a cabo en el Senado de la República.
Los ponentes Jorge Lara Rivera y Ulrich Richter Morales, funcionarios de la PGR, opinaron que es fundamental la participación ciudadana para que la administración de los recursos del Fondo sea transparente.
En tanto el diputado José Luis Ovando Patrón, del PAN, estimó que debe ser el gobierno federal quien asuma esa función, el magistrado Humberto Manuel Román Ferranco sugirió que dicha labor recaiga en el Poder Legislativo.
Lara Rivera, encargado de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, advirtió que la prohibición del pago del rescate o el congelamiento de cuentas, “lejos de coadyuvar con las víctimas puede generar mayor tensión, no es eficaz y, además, siempre se busca la forma de sacarle la vuelta”.
Consideró que el Estado no puede hacerse cargo del pago de los rescates porque la lógica económica de esa propuesta “sería perversa”, ya que haría del secuestro “una industria paraestatal” e incentivaría la comisión de ese delito.
Comentó que la iniciativa del Ejecutivo, enviada al Senado en febrero pasado, “es la más comprensiva”, ya que además de incluir un catálogo de protección de victimas y de reparación del daño, coloca en el centro del proyecto la seguridad de las personas afectadas.
A su vez, Richter Morales, secretario General del Consejo de Participación Ciudadana de la misma dependencia, aseguró que no importa la denominación, “llámenle al Fondo como quieran”, porque lo importante es contar con recursos para equipamiento e infraestructura que permitan combatir el secuestro.
Explicó que no se puede dejar la operación y administración del Fondo a la representación social de la Federación, porque “es claro que el Ministerio Público no está capacitado para manejar recursos”.
Al respecto, consideró de vital importancia incorporar a las organizaciones ciudadanas en el manejo de los recursos del Fondo, porque ayudaría a transparentar y evitar actos de corrupción.
A su vez, el diputado José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, propuso asignar un fondo de 500 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública, enfocado únicamente para financiar las acciones y estrategias para el combate del delito de secuestro y con vigencia de tres años.
Explicó que el objetivo de ese Fondo es disminuir la impunidad, fortalecer la seguridad pública y el federalismo; consolidar una cultura ciudadana de respeto a la legalidad, y establecer alianzas y redes de combate a la corrupción y a la delincuencia.
Estos recursos económicos --añadió el legislador-- permitirán ampliar actividades de formación continua, brindar capacitación permanente, fortalecer la infraestructura tecnológica y la transparencia y la rendición de cuentas.
En su exposición, el magistrado Manuel Román Ferranco planteó que el Fondo Económico para Enfrentar el Secuestro estaría constituido por una partida especial señalada en el Presupuesto de Egresos y por donaciones; de ahí se tomarían los recursos para el pago de las recompensas.
Sin embargo, el jurista aclaró que no debe confundirse la práctica de los cazarecompensas, porque el programa respectivo es sólo un medio para motivar la denuncia y por ende una forma de atacar el problema de la delincuencia.
Por ello, sugirió que el Poder Legislativo decida el monto máximo a pagar en materia de recompensas y no el Procurador como se propone originalmente, quien además figuraría como administrador de los recursos.
Los senadores Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, organizadora del Foro; María Serrano Serrano, del PAN; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, y Tomás Torres Mercado, del PRD, asistieron a la Mesa 2 del Foro Alto al Secuestro.
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