Propone Silvano Aureoles crear Certificado de Transparencia para combatir lavado de dinero
Por: Francisco Medina
Con el objetivo de reforzar las acciones para la sancionar del lavado de dinero, el vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo propuso la creación de un Certificado de Transparencia, con el fin de evitar que fondos derivados de actividades ilícitas se involucren empresas que son proveedoras de bienes y servicios del gobierno.
Mencionó que a pesar de que en nuestro país el gobierno federal, en su lucha contra la delincuencia, ha aplicado el derecho penal del enemigo y se han perdido gran cantidad de vidas humanas, no se han atacado las verdaderas raíces de estas actividades ilícitas que son sus recursos económicos.
Mediante una iniciativa que presentará, Silvano Aureoles planteó la creación del Certificado de Transparencia para disminuir el ámbito de interacción del crimen organizado, y aminorar los efectos que provoca, y evitar que las empresas se subordinen o vinculen con redes de delincuencia organizada.
“Es necesario instalar controles más estrictos para evitar el lavado de dinero en nuestro país y cumplir a cabalidad los tratados internacionales en la materia, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Palermo”, agregó.
Esta propuesta pretende otorgar facultades a la Procuraduría General de la República para practicar todas las diligencias para la expedición del Certificado de Transparencia, y a los que deseen ser proveedores o contratistas del Estado se les otorgue la seguridad que son negocios libres de recursos ilícitos.
“Esto trae aparejado un doble beneficio, por un lado ayuda a los proveedores y contratistas a mejorar su imagen ante la sociedad, evita que puedan ser cooptados involuntariamente por la delincuencia y por el otro, aseguran a los ciudadanos que en las obras y compras del gobierno no está involucrado el crimen organizado”, agregó.
El senador por Michoacán mencionó que la autoridad, mediante sus sistemas de inteligencia y unidades especializadas, podrá realizar una revisión a priori de los capitales que integran la empresa, y a la confirmación de origen de su licitud, se podrá verificar que los socios de las empresas no están vinculadas o en proceso de investigación con las redes de la delincuencia organizada.
También propuso incluir como obligación de las empresas que quieran contratar mediante licitación pública, contar con su Certificado de Transparencia, el cual tendría una vigencia de tres años y al término se deberá renovar.
La trata de personas, una forma moderna de esclavitud que genera 32 mil millones de dólares anuales en el mundo: Teresa Ortuño Gurza
Por: Francisco Medina
Aquí, en el centro político, económico y social más importante del sudeste asiático, Teresa Ortuño Gurza resumió en una frase la gravedad del delito de la trata de personas, que afecta a todos los países por igual: “es una forma moderna de esclavitud y una violación a los derechos humanos que genera 32 mil millones de dólares anualmente”.
Con su peculiar estilo, declaró que es un crimen comparable al tráfico de drogas y de armas, y las víctimas son engañadas, vendidas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud, bajo distintas formas y en diversos sectores, tales como la construcción, las maquiladoras, la agricultura, el servicio doméstico, la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, el tráfico de órganos humanos, entre otros.
En el tercer día de actividades de la 122 Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP) y Reuniones Conexas, dijo que el mundo parece haber despertado de su estado de negligencia y de indiferencia en el que estaba sumergido, aunque la trata de personas es todavía más real que nunca.
En ese sentido, enumeró las principales causas que provoca la trata de persona como la pobreza, el desempleo, la ausencia de oportunidades y de conocimientos, la poca fiabilidad de la base de datos, el carácter inadecuado de los esfuerzos emprendidos para sensibilizar al público y desarrollar los recursos humanos.
Además, las diferencias en materia de represión, de justicia penal, así como de puntos de vista del origen de la trata de personas en cada región, dificultan considerablemente la búsqueda de soluciones a este problema.
Consideró que estos grandes desafíos exigen una estrecha cooperación, de las diferentes organizaciones internacionales. pero señaló que la evaluación de las prioridades debe tener en cuenta el grado de urgencia de los problemas, con el fin de solucionarlos de manera eficaz y diligente.
No a la impunidad en los crímenes contra sociedad civil
Por: Francisco Medina
En la guerra declarada por Felipe Calderón contra el crimen organizado al inicio de su mandato, nunca previó las repercusiones que iba a tener sobre la población civil y, ahora, como en los casos de Nuevo León y Tamaulipas, el narcotráfico emprende acciones que –claramente- afectan a miles de ciudadanos.
Y no son solamente los bloqueos que interfieren con la vida de los pobladores de Tamaulipas o Nuevo León, sino que -en las últimas semanas- hemos sido testigos de una serie de ejecuciones contra la sociedad civil sin que el gobierno federal detenga a los responsables o evite que más casos como estos se repitan.
Tan sólo el día de ayer, diez niños y jóvenes de escasos recursos en Durango, fueron muertos a balazos y por detonación de granadas cuando se disponían a ir a cobrar sus becas del programa Oportunidades.
Es inconcebible que el Estado mexicano permita que el crimen organizado tome avenidas, exija cuotas, e instale retenes hacia la población civil, pues esto es un atentado a la legalidad de la República.
Hay tozudez del gobierno federal para reconocer que la estrategia contra estos grupos delictivos no es la efectiva. Las víctimas están resultando jóvenes y niños: La guerra de Calderón ya se trasladó a las escuelas, a los domicilios, a los centros de trabajo y a las familias. Como en las peores guerras, la sociedad civil está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales y, lo peor, es que está siendo asesinada.
¿Cuánto más tiene que padecer la población civil, la que a diario padece balaceras, levantones, retenes y secuestros? Con estas maniobras de la estrategia calderonista, como en cualquier guerra, la población civil está vulnerable en sus personas y en sus bienes. Están trastocadas las garantías individuales.
Vemos en los medios de comunicación, que autoridades locales llaman a la población para que se abstenga de salir a las calles a determinadas horas, “que se encierren”, y recomiendan que eviten transitar por ciertas carreteras, en encubiertos “toques de queda”.
No podemos permitir que estas valiosas vidas de mexicanas y mexicanos que nada tenían que ver con esta “guerra” del gobierno federal, como es ya costumbre, queden impunes y que los responsables estén sin castigo porque de lo contrario, seguiremos viendo otra de las aristas de esta estrategia del gobierno federal que es: la impunidad.
