Dan organizaciones plazo a autoridad por caso Le Barón

El presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, advirtió que para esa fecha los homicidas deberán estar identificados y en la cárcel porque de otra manera habrá consecuencias políticas y económicas, pues pedirán la renuncia del gobernador José Reyes Baeza.

Unas 15 agrupaciones civiles, empresariales, patronales y educativas pusieron como plazo el 22 de septiembre al gobierno de Chihuahua para que aclare el homicidio del activista Benjamín Le Barón y encarcele a los responsables.
El presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, advirtió que para esa fecha los homicidas deberán estar identificados y en la cárcel porque de otra manera habrá consecuencias políticas y económicas, pues pedirán la renuncia del gobernador José Reyes Baeza.
Expuso que el primer punto del pacto social con el gobierno debe ser la seguridad y no se ha cumplido.
A nombre de las organizaciones, la señora Montserrat Vigil Toscano leyó un pronunciamiento conjunto en el que advierte que la situación social del país da visos de que se inicia una nueva espiral de violencia e inseguridad en donde los ciudadanos son el blanco principal.
Las organizaciones establecieron en su pronunciamiento que "somos una sociedad que está sola frente al delincuente. Los gobiernos nos han dado la espalda por omisión, por incapacidad o por complicidad".
El documento de tres cuartillas asentó que para la sociedad ha llegado el momento de exigir con firmeza a los gobernantes soluciones contundentes, efectivas, legales y de largo alcance que reintegren la paz, la seguridad y la libre convivencia.
Los gobiernos en su conjunto se comprometieron en el seno del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad a una serie de acciones que no han cumplido a cabalidad, apuntaron.
Indicaron que pensar en que la sociedad debe autodefenderse frente a la inacción de la autoridad sólo llevaría al país a una mayor violencia.
Sostuvieron que la impunidad y el libre movimiento de la delincuencia tanto en Chihuahua como en otras ciudades del país denotan la incapacidad de la autoridad para investigar con seriedad y profundidad la actividad criminal o una complicidad de la autoridad que debe ser indagada y castigada.
El pronunciamiento agregó que es evidente la falta de cooperación entre los cuerpos encargados de la inteligencia, la prevención y el combate al delito.
"México no tiene ciudadanos libres, cada uno de nosotros ha perdido su libertad: libertad de disfrutar de los espacios públicos, de disfrutar de nuestros bienes producto del trabajo", añadió Vigil Toscano.
Manifestó que el tejido social ha sufrido una grave desarticulación, elemento favorable para que la delincuencia no sólo actúe sin ser sancionada sino que además lo haga con la complicidad o participación de quienes ya no confían en el Estado de derecho.
Por otro lado los dirigentes de las organizaciones advirtieron que la delincuencia afecta la actividad económica alejando inversiones y decisiones de negocio, "presentándonos frente al resto del mundo como un país de riesgo para quienes buscan invertir en beneficio de las familias mexicanas".
A su vez Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino, expuso que las Unidades Estatales Antisecuestro no han funcionado, en muchos casos ni siquiera se han integrado y en la mayoría no se han depurado las corporaciones.
"Vivimos con el enemigo en casa, muchos policías son cómplices de los delincuentes". Apuntó que muestra de ello es el caso del operativo del sábado pasado en Xochimilco, en la ciudad de México, donde no hubo policías capacitados y en el intento de detener a los secuestradores murieron los jefes policiacos y la víctima del secuestro.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Organización Alto al Secuestro, agregó que este ultimátum es ahora para el gobierno de Chihuahua, pero aclaró que el problema está en todos los gobiernos estatales y en el gobierno federal.
Sin embargo, opinó que el gobierno federal ha cumplido sus compromisos de enviar al Congreso de la Unión las iniciativas de ley para dotar de mejores herramientas a las instituciones en el combate al crimen organizado.
Entre las organizaciones que se pronunciaron están México SOS, el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.
Notimex/México, D.F. (Milenio)