Isabel Miranda de Wallace, miembro del Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación, consideró preocupante esta situación que ha "mermado" progresivamente el funcionamiento de esta corporación, y representa un obstáculo para su transformación en una "policía científica"
Un diagnóstico elaborado por el Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación reveló que 40 por ciento de los agentes judiciales de la ciudad no realiza labores de investigación, ya que son utilizados para otras funciones.
En entrevista Isabel Miranda de Wallace, miembro de este consejo, consideró preocupante esta situación que ha "mermado" progresivamente el funcionamiento de esta corporación, y representa un obstáculo para su transformación en una "policía científica"
"Mas del 40 por ciento de los policías judiciales no están en el ámbito de la investigación, que es para lo que fueron contratados, sino que están como escoltas, cuidando edificios, haciendo hasta labores de secretarias y de mensajeros de papelería", afirmó.
Explicó que en el diagnóstico se han detectado también otras irregularidades de consideración, como la falta de capacitación y el bajo salario que terminan cobrando y que los hace más susceptibles a incurrir en actos de corrupción.
"Algunos policías llegan a percibir sólo 430 pesos a la quincena después de que se les descuentan distintos rubros y eso no es conveniente, porque es como si se les mandara a que se corrompan para que tengan más recursos", indicó.
Miranda de Wallace añadió que también se ha identificado la falta de recursos tecnológicos en la Policía Judicial, derivado de problemas de presupuesto, lo que dificulta por ejemplo el rápido acceso a la base de datos federal "Plataforma México".
Otro aspecto que evidencia el diagnóstico, agrega, es que los aproximadamente 4 mil agentes judiciales con los que cuenta la ciudad resultan insuficientes para dar un correcto seguimiento al elevado número de averiguaciones que se inician todos los días.
Miranda de Wallace detalló que también es responsabilidad del Consejo el acompañar este diagnóstico con una serie de propuestas y alternativas, que faciliten la profesionalización de la corporación, y su transformación a una Policía de Investigación.
"Nuestra función es hacer el diagnóstico, identificar las necesidades, y presentar las propuestas para ver si son aceptadas por la PGJDF y se solucione de una vez por todas el problema de la Policía Judicial, al menos en gran parte", aceptó.
Hace dos semanas dicho Consejo hizo hincapié a la Procuraduría local en el proceso de "limpia" que debe impulsarse en el interior de la Policía Judicial, y que podría incluir una investigación socioeconómica de cada uno de los agentes, para verificar que su estilo de vida sea acorde con los ingresos que perciben.
En el Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación, además de Isabel Miranda, participan el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga Rendón, y el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo.
También cuenta con la participación del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klip Gervitz, y la coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, Elena Azaola Garrido, así como especialistas y funcionarios de la PGJDF.
Ciudad de México
Un diagnóstico elaborado por el Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación reveló que 40 por ciento de los agentes judiciales de la ciudad no realiza labores de investigación, ya que son utilizados para otras funciones.
En entrevista Isabel Miranda de Wallace, miembro de este consejo, consideró preocupante esta situación que ha "mermado" progresivamente el funcionamiento de esta corporación, y representa un obstáculo para su transformación en una "policía científica"
"Mas del 40 por ciento de los policías judiciales no están en el ámbito de la investigación, que es para lo que fueron contratados, sino que están como escoltas, cuidando edificios, haciendo hasta labores de secretarias y de mensajeros de papelería", afirmó.
Explicó que en el diagnóstico se han detectado también otras irregularidades de consideración, como la falta de capacitación y el bajo salario que terminan cobrando y que los hace más susceptibles a incurrir en actos de corrupción.
"Algunos policías llegan a percibir sólo 430 pesos a la quincena después de que se les descuentan distintos rubros y eso no es conveniente, porque es como si se les mandara a que se corrompan para que tengan más recursos", indicó.
Miranda de Wallace añadió que también se ha identificado la falta de recursos tecnológicos en la Policía Judicial, derivado de problemas de presupuesto, lo que dificulta por ejemplo el rápido acceso a la base de datos federal "Plataforma México".
Otro aspecto que evidencia el diagnóstico, agrega, es que los aproximadamente 4 mil agentes judiciales con los que cuenta la ciudad resultan insuficientes para dar un correcto seguimiento al elevado número de averiguaciones que se inician todos los días.
Miranda de Wallace detalló que también es responsabilidad del Consejo el acompañar este diagnóstico con una serie de propuestas y alternativas, que faciliten la profesionalización de la corporación, y su transformación a una Policía de Investigación.
"Nuestra función es hacer el diagnóstico, identificar las necesidades, y presentar las propuestas para ver si son aceptadas por la PGJDF y se solucione de una vez por todas el problema de la Policía Judicial, al menos en gran parte", aceptó.
Hace dos semanas dicho Consejo hizo hincapié a la Procuraduría local en el proceso de "limpia" que debe impulsarse en el interior de la Policía Judicial, y que podría incluir una investigación socioeconómica de cada uno de los agentes, para verificar que su estilo de vida sea acorde con los ingresos que perciben.
En el Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de Policía de Investigación, además de Isabel Miranda, participan el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga Rendón, y el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo.
También cuenta con la participación del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klip Gervitz, y la coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, Elena Azaola Garrido, así como especialistas y funcionarios de la PGJDF.
Ciudad de México
No hay comentarios:
Publicar un comentario